Un hecho que impactó a los moradores de La Pradera 2, en Santa Rosa de Cabal, Colombia, llevó a la intervención de las autoridades encargadas de la protección infantil.
Dos menores fueron hallados dormidos entre la ventana y las rejas de una casa, imagen que rápidamente se difundió en redes sociales y causó gran molestia entre los residentes del área.
Según relataron varios vecinos, los niños habrían permanecido en ese sitio por cerca de dos horas como una supuesta forma de castigo. Además, comentaron que no era la primera vez que se presentaba una situación similar.
El video motivó la acción inmediata de los organismos
Luego de recibir la denuncia ciudadana, agentes de la Policía de Infancia y Adolescencia, la Comisaría de Familia y la Personería Municipal, con el respaldo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se dirigieron al lugar para corroborar los hechos.
Las autoridades proporcionaron atención médica y apoyo psicosocial a los menores, quienes fueron reportados fuera de peligro y en buen estado de salud.
El caso comenzó a difundirse a nivel nacional tras la publicación de las imágenes y los relatos de los vecinos por diversos medios colombianos.
El alcalde aseguró que los niños están protegidos
El alcalde de Santa Rosa de Cabal, Paulo Gómez, confirmó públicamente que las entidades competentes actuaron con prontitud tras recibir la alerta ciudadana.
Por medio de sus redes sociales, el funcionario agradeció a los vecinos por reportar a tiempo el incidente, lo que facilitó la activación de los protocolos de protección para los menores.
La pesquisa sigue en marcha
Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar las condiciones en que los niños estuvieron entre la ventana y las rejas de la vivienda.
Hasta el momento, no se han divulgado más detalles sobre los responsables ni sobre las posibles acciones legales derivadas del caso.
La denuncia ha generado un intenso debate en redes sociales acerca de la relevancia de reportar cualquier situación que pueda poner en peligro la seguridad de niñas, niños y adolescentes, así como sobre la función de la comunidad para alertar a las autoridades ante posibles casos de maltrato o vulneración de derechos.


